Preguntas frecuentes sobre el EUDR

Es el Reglamento (UE) 2023/1115 contra la deforestación. Exige que el café, el cacao, la palma aceitera, la soja, el caucho, la madera, el ganado bovino y los productos derivados que figuran en su anexo I solo se vendan en la Unión Europea o se exporten desde ella si no vienen de tierra deforestada después del 31 de diciembre de 2020, si se produjeron legalmente y si están cubiertos por una declaración de diligencia debida.

Desde el 30 de diciembre de 2026 para los operadores grandes y medianos, y desde el 30 de junio de 2027 para las micro y pequeñas empresas, según el Reglamento (UE) 2025/2650. Los productos que suma el Reglamento Delegado (UE) 2026/2102, como el café soluble, se exigen desde el 30 de diciembre de 2027.

A septiembre de 2026 no hay ninguna propuesta en ese sentido: la revisión que presentó la Comisión Europea el 4 de mayo de 2026 mantuvo las fechas y no propuso cambiar el reglamento. Seguimos el tema en la cronología del aplazamiento.

Siete materias primas —ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera— y los productos hechos con ellas que figuran en el anexo I, cada uno con su código SA: por ejemplo, el café (0901), el cacao en grano (1801) o el chocolate (1806). Si un producto no está en el anexo I, el EUDR no le aplica. Lista completa: Anexo I del EUDR.

Que la materia prima se produjo en tierra que no fue deforestada después del 31 de diciembre de 2020. Para el reglamento, deforestar es convertir bosque en uso agrícola. Si la parcela ya era cultivo en esa fecha, no hay deforestación aunque hoy tenga árboles de sombra: los sistemas agroforestales cuentan como plantación agrícola, no como bosque.

Para parcelas de hasta 4 hectáreas basta un punto con al menos seis decimales. Si la parcela mide más de 4 hectáreas, hace falta un polígono con su contorno completo. Las coordenadas se suben al sistema de la UE en formato GeoJSON.

Sí, siempre que la declaración incluya la geolocalización de todas las parcelas de donde salió el producto. Lo que no se permite es mezclarlo con producto de origen desconocido: la Comisión Europea aclara que el balance de masas no es válido. Si una parcela no cumple, su producción tiene que quedar fuera del envío.

La obligación legal es del operador que pone el producto por primera vez en el mercado de la UE, normalmente el importador: él presenta la declaración de diligencia debida y responde ante su autoridad. El reglamento no impone obligaciones directas a los productores de fuera de la UE, pero sin sus datos el importador no puede declarar.

La geolocalización de cada parcela, la fecha o el período de cosecha, qué parcelas y qué cantidades entran en cada envío, la evidencia de que no hubo deforestación después del 31 de diciembre de 2020 y las pruebas de legalidad que exigen las leyes del Perú, como la tenencia de la tierra.

En el sistema de información del EUDR, que funciona dentro de TRACES, la plataforma de la Comisión Europea. El operador entra con EU Login y se registra con los datos de su empresa y su número EORI. Paso a paso: la declaración EUDR (DDS) en TRACES.

Si fabrica o vende productos hechos con materia prima que ya tiene declaración, es un operador posterior y, desde la reforma de diciembre de 2025, no presenta otra declaración. Guarda los datos de sus proveedores y clientes y, si no es pyme, se registra en el sistema de información.

El Perú figura como país de riesgo estándar en la clasificación de la Comisión Europea (Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1093). Eso significa diligencia debida completa: reunir la información, evaluar el riesgo y reducirlo cuando no sea insignificante. Cada año, las autoridades deben controlar al menos al 3 % de los operadores que traen productos de países de riesgo estándar. La declaración simplificada existe solo para micro y pequeños productores primarios de países de riesgo bajo.

No. La información de certificaciones y otros esquemas verificados por terceros puede usarse en la evaluación de riesgo, pero no reemplaza la diligencia debida del operador. La geolocalización de cada parcela sigue siendo obligatoria.

Las fija cada Estado miembro, pero deben incluir multas con un máximo de al menos el 4 % de la facturación anual de la empresa en la UE, el decomiso de los productos y de los ingresos obtenidos con ellos, la exclusión de contratos y fondos públicos por hasta 12 meses y, en casos graves o repetidos, la prohibición temporal de vender o exportar esos productos.

Cinco años. El operador conserva durante ese tiempo la información y la evidencia de cada producto y el registro de sus declaraciones, y debe entregarlos a la autoridad si se los pide.